Las comunidades nativas demandan al Gobierno y a organismos internacionales como CITES (convenio internacional para comercio de especies amenazadas como caoba y cedro), una urgente atención y respeto a sus derechos sobre los recursos naturales de sus territorios debido a que crecientes restricciones al comercio de madera de origen legal hacen peligrar su desarrollo socio – económico.
Igualmente, reclamaron que las autoridades implementen las adendas forestales del TLC entre Perú y Estados Unidos, así como otros compromisos internacionales, lo que pone en riesgo el acceso a mercados internacionales.
Las comunidades nativas afectadas han recibido reconocimiento internacional con sello verde, por óptimo manejo de sus bosques, y pidieron al Gobierno resguardar los derechos de los pueblos indígenas como legítimos propietarios de sus bosques y brindar atención prioritaria a las leyes forestales y de comunidades nativas.
Las comunidades nativas de Sawawo Hito 40, Nueva Shahuaya, Santa Rosa, Nueva Victoria y El Dorado tienen propiedad reconocida y otorgada por el Estado y viven en la frontera con el Brasil, en el distrito de Yurua, provincia de Atalaya en la región Ucayali, albergando más de 500 familias de las etnias Ashaninka, Amahuaca y Yaminagua.
Según la Constitución, las leyes especiales sobre comunidades indígenas y diversos convenios internacionales que los amparan, las comunidades tienen derecho a usar sus recursos naturales de acuerdo a la legislación nacional y el Estado y los organismos internacionales tienen la obligación de respetar y garantizar su cumplimiento.
Les ponen trabas pese a que cumplen con estándares internacionales
Pese a que las comunidades cumplen con ejecutar su Plan de Manejo Forestal y cumplen con los estándares internacionales con los que han logrado alcanzar el sello verde FSC, no sólo les demoran la autorización, sino que no reciben el trato prioritario que la Ley determina para ellos.
Desde hace 3 años, vienen haciendo una inédita y exitosa experiencia de alianza con el sector privado y manejan sus bosques sosteniblemente y exportan su madera al mundo, habiendo logrado certificación forestal internacional por el Consejo Mundial de Bosques - FSC.
Igualmente, han accedido a manejo forestal y con los ingresos económicos han conseguido servicios que no reciben del Estado, como postas, escuelas, caminos, comedores, hospedajes, antenas parabólicas, radio y TV. En Pucallpa, han adquirido locales de oficina y exhibición de sus productos y construido una Casa de Alojamiento y almacenes, entre otras mejoras a su calidad de vida.
La caoba y el cedro son maderas con limitaciones en su comercio internacional porque existe el temor de que estén en peligro de extinción. El inventario nacional forestal y los estudios que se requieren para mostrar que ése no es el caso del Perú todavía no se han realizado o completado ni por el MINAG (autoridad administrativa CITES) ni por Ministerio del Medio Ambiente delegado a la Universidad Agraria (autoridad CITES).
Tampoco se conocen los avances logrados por las comunidades nativas y concesionarios forestales que han alcanzado certificación forestal (son 661,677 Ha a nivel nacional, de las cuales 204,245 Ha corresponden a comunidades nativas) y que realizan las tareas necesarias con sus propios recursos para contribuir a la conservación de sus bosques y al mundo con sus servicios ambientales.
Fuente:
www.inforegion.com.pe
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