El representante del Proyecto Transparencia Forestal Perú, Braulio Buendía, calificó de gravísima la noticia sobre la incautación de nueve mil metros cúbicos de caoba ilegal procedentes de Purús en un avión de la Policía Nacional en Pucallpa, el pasado siete de febrero, y advirtió que este hecho podría paralizar el Tratado de Libre Comercio, TLC recientemente firmado con Estados Unidos.
"Esta situación genera graves precedentes porque estamos implementando el anexo forestal del TLC con Estados Unidos y se han incrementado las penas y a esos señores (taladores ilegales y policías que transportaron la carga) les correspondería un proceso inmediato y cárcel definitiva", alertó Buendía.
Sin embargo, lamentó que pese a la gravedad de la situación "no se ve la actuación clara del Ministerio Público porque ya el Poder Judicial o alguna comisión del Congreso deberían estar investigando este tema de trascendencia internacional, ya que estamos a prueba de implementación del TLC y esto genera graves precedentes".
Como se sabe, la adenda firmada con Estados Unidos incide en que la madera exportada por nuestro país debe tener un origen legal, pero esta incautación en un avión policial indica todo lo contrario y peor aún, implica a otras instituciones del Estado en estos ilícitos.
Buendía recordó que el cuestionado y nocivo Decreto Ley 1090 traería problemas, como la excepción de la veda de caoba, algo contradictorio porque a nivel mundial el único país autorizado para comercializar es el Perú, por lo que lamentó que "una ley facilite y promueva el tráfico ilegal y no presente estudios de masa forestal de la caoba que nos queda".
Caso involucra a ministerios del Interior y Agricultura
"Al conocer el hecho hemos tratado de facilitar los procesos para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto porque este caso es un ejemplo de corrupción de altos niveles y va más allá del Ministerio de Agricultura e involucra a otros niveles como el Ministerio del Interior" detalló.
Buendía agregó que los únicos bolsones de caoba se encuentran en las áreas protegidas de Purús, por lo que mostró su preocupación porque "el trabajo de control forestal estaría siendo diezmado por las propias fuerzas del orden, implicados suboficiales y oficiales, e incluso podrían llegar hasta altos mandos".
Precisamente, por la magnitud del problema, Buendía lamentó que en este caso "se observe una actitud muy poco transparente".
"Hasta el momento no hemos escuchado una manifestación del ministro del Interior o de la Fiscal de la Nación. Se ha tratado el tema con mucho hermetismo, casi nadie ha dicho nada hermetismo
El representante de Transparencia Forestal remarcó que éste no es el primer caso. "Sabemos que a veces los vuelos de apoyo militar van a estas zonas bastante alejadas a veces con insumos y pasajeros y vuelven con madera, a veces. Hay que preguntarse si la madera puede sustentar un vuelo expreso para que pueda llegar directamente a Pucallpa, a dónde va, quiénes habilitan", inquirió.
Buendía se mostró alarmado porque según afirmó "de comprobarse la información, el gobierno de los Estados Unidos puede observar y paralizar todo el TLC porque el Perú está pasando 180 días de prueba. Llamamos a que las autoridades cumplan los procedimientos y caiga el peso de la ley a los implicados, no es el único caso", finalizó.
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"Esta situación genera graves precedentes porque estamos implementando el anexo forestal del TLC con Estados Unidos y se han incrementado las penas y a esos señores (taladores ilegales y policías que transportaron la carga) les correspondería un proceso inmediato y cárcel definitiva", alertó Buendía.
Sin embargo, lamentó que pese a la gravedad de la situación "no se ve la actuación clara del Ministerio Público porque ya el Poder Judicial o alguna comisión del Congreso deberían estar investigando este tema de trascendencia internacional, ya que estamos a prueba de implementación del TLC y esto genera graves precedentes".
Como se sabe, la adenda firmada con Estados Unidos incide en que la madera exportada por nuestro país debe tener un origen legal, pero esta incautación en un avión policial indica todo lo contrario y peor aún, implica a otras instituciones del Estado en estos ilícitos.
Buendía recordó que el cuestionado y nocivo Decreto Ley 1090 traería problemas, como la excepción de la veda de caoba, algo contradictorio porque a nivel mundial el único país autorizado para comercializar es el Perú, por lo que lamentó que "una ley facilite y promueva el tráfico ilegal y no presente estudios de masa forestal de la caoba que nos queda".
Caso involucra a ministerios del Interior y Agricultura
"Al conocer el hecho hemos tratado de facilitar los procesos para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto porque este caso es un ejemplo de corrupción de altos niveles y va más allá del Ministerio de Agricultura e involucra a otros niveles como el Ministerio del Interior" detalló.
Buendía agregó que los únicos bolsones de caoba se encuentran en las áreas protegidas de Purús, por lo que mostró su preocupación porque "el trabajo de control forestal estaría siendo diezmado por las propias fuerzas del orden, implicados suboficiales y oficiales, e incluso podrían llegar hasta altos mandos".
Precisamente, por la magnitud del problema, Buendía lamentó que en este caso "se observe una actitud muy poco transparente".
"Hasta el momento no hemos escuchado una manifestación del ministro del Interior o de la Fiscal de la Nación. Se ha tratado el tema con mucho hermetismo, casi nadie ha dicho nada hermetismo
El representante de Transparencia Forestal remarcó que éste no es el primer caso. "Sabemos que a veces los vuelos de apoyo militar van a estas zonas bastante alejadas a veces con insumos y pasajeros y vuelven con madera, a veces. Hay que preguntarse si la madera puede sustentar un vuelo expreso para que pueda llegar directamente a Pucallpa, a dónde va, quiénes habilitan", inquirió.
Buendía se mostró alarmado porque según afirmó "de comprobarse la información, el gobierno de los Estados Unidos puede observar y paralizar todo el TLC porque el Perú está pasando 180 días de prueba. Llamamos a que las autoridades cumplan los procedimientos y caiga el peso de la ley a los implicados, no es el único caso", finalizó.
Fuente:
www.inforegion.com
